Consultoría para Asistencia Técnica para Desarrollo de un Proyecto de Prevención de Embarazo en niñas y adolescentes con énfasis en menores de 14 años. ( 45 días, Quito -Ecuador)

UNICEF - United Nations Children's Fund

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Contract

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Antecedentes

En Ecuador, atender de forma integral la problemática asociada al embarazo en niñas y adolescentes constituye uno de los mayores retos para la política pública y para el conjunto de la sociedad. Según datos recogidos por la CEPAL, Ecuador es uno de los países de la región con mayores tasas de embarazo en niñas y adolescentes. En 2020, un año atípico por la incidencia de la pandemia por COVID-19, se registraron 1.631 nacidos vivos, hijos de niñas de 10 a 14 años de edad, correspondiendo a una tasa de 2 nacidos vivos por cada 1.000 niñas de ese rango de edad. En el caso de las adolescentes entre 15 y 19 años, se registraron 43.260 nacidos vivos, lo que comporta una tasa de 54,6 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes en ese rango de edad. Cada día en Ecuador 5 niñas menores de 14 años y 136 adolescentes de 15 a 19 años son madres.

Según el informe “Maternidad en la niñez; enfrentar el reto del embarazo adolescente”, publicado por UNFPA en 2013, “las adolescentes que quedan embarazadas tienden a ser de hogares de ingresos más bajos y a tener una nutrición deficiente. Aunque las tasas varían según la región, en general, aproximadamente una de cada dos niñas en países en desarrollo tiene anemia nutricional, que puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo, mortinatalidad, nacimiento prematuro y muerte materna”. Ecuador cuenta desde el 2017 con la Política Intersectorial de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes y con su respectivo Plan de Implementación que determina las acciones sectoriales e intersectoriales para el abordaje integral del embarazo en adolescentes. Esta política se complementa con otros documentos normativos de los ministerios responsables de la implementación de la misma: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Derechos Humanos. También en el plan de implementación está contemplado una fase demostrativa sectorial-intersectorial en territorios seleccionados.

El Plan de implementación de la PIPENA, considera tres fases: preparación, demostrativa y escalamiento nacional progresivo, considerando los territorios en la Política. En línea con el Acuerdo Interministerial de oficialización de la política se establece un comité intersectorial, así como un reglamento de articulación; además los proyectos de inversión sectoriales e intersectoriales y la coordinación local y nacional.

Según esta Política, la situación de las niñas menores de 14 años es de alto riesgo en torno a su vida, desarrollo positivo, seguridad, su salud integral, incluyendo su salud sexual y reproductiva y el derecho a la integridad personal y vida libre de VBG, tal como se evidencia en las siguientes

cifras:

  • En 2017 se registraron 2674 embarazos en menores de 14 años
  • 3 de cada 1000 nacidos vivos son de madres adolescentes menores de 14 años
  • En promedio cada día 6 niñas menores de 14 años son madres en Ecuador
  • 8 de cada 10 embarazos fueron producto de la violencia sexual
  • 9 de cada 10 tuvieron su primera relación sexual con personas mayores a ellas
  • 8 de cada 100 embarazos en adolescentes menores de 14 años son producto de
  • relaciones con personas de 30 años o más

Cumplir el derecho a la salud exige sistemas sanitarios adaptados a las condiciones y necesidades específicas de la población ecuatoriana, que cumplan con el marco legal y los acuerdos internacionales, y garanticen la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, sin discriminación por su edad, su situación de movilidad humana, discapacidad, orientación sexo género, su orientación sexual, su situación socio-económica, su procedencia geográfica, respondiendo de esta manera a la responsabilidad de lograr salud integral para todas y todos.

El Ministerio de Educación, en concordancia con lo que establecen la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), tiene entre sus obligaciones implementar un modelo de formación de niños, niñas y adolescentes centrado en la promoción del desarrollo humano integral. En este contexto, es responsabilidad del MINEDUC garantizar las condiciones necesarias para su protección y su desarrollo integral, en el marco del respeto a sus derechos y a partir de los principios de no discriminación, equidad de género, justicia, libertad, dignidad, solidaridad y paz.

El MINEDUC cuenta con estrategias y protocolos de actuación encaminados a prevenir el embarazo en la niñez y la adolescencia, y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se convierten en madres o padres precoces, para facilitar su permanencia y participación en el sistema educativo. Asimismo, cuenta con rutas de atención de embarazos en las instituciones educativas y lineamientos para la intervención de los integrantes de la comunidad educativa frente a casos de embarazos detectados en menores de 14 años.

El embarazo en menores de 14 años amerita un análisis particular por la complejidad de sus causas y la gravedad de sus consecuencias.

Por otro lado, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el caso Paola Guzmán vs. Ecuador, señaló: 118 que los Estados deben adoptar acciones adecuadas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el curso del proceso educativo de niñas y niños. En el cumplimiento de estos deberes, es preciso que los Estados tengan en consideración la gravedad y las especificidades que presentan la violencia de género, la violencia sexual y la violencia contra la mujer, todas las cuales son una forma de discriminación. Las niñas y niños tienen, entonces, derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual.

Dado lo anterior, los Estados deben “adoptar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia y abuso, incluidos los abusos sexuales, […] en las escuelas por el personal docente”, que goza, por su condición de tal, de una situación de autoridad y confianza respecto de estudiantes e incluso de sus familiares. Debe tenerse en cuenta, al respecto, la particular vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, considerando que ellas “con frecuencia están expuestas a abuso sexual por parte de […] hombres mayores”. En relación con lo expuesto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados tienen la “obligación estricta” de adoptar todas las medidas apropiadas para tratar la violencia contra niños y niñas. La obligación “se refiere a una amplia variedad de medidas que abarcan todos los sectores públicos y deben aplicarse y ser efectivas para prevenir y combatir toda forma de violencia”, incluso mediante la aplicación de sanciones efectivas por su realización”.

Asimismo, la CIDH dispuso al Estado cumplir con las siguientes garantías de no repetición: 235. a) “Disponer una regulación y mecanismos adecuados de capacitación, detección temprana, fiscalización, supervisión y rendición de cuentas de las entidades educativas públicas y privadas, a fin de prevenir y responder debidamente a situaciones de acoso sexual al interior de dichas instituciones, incluyendo la violencia ejercida mediante los servicios de salud que presenten en las escuelas”; b) “Diseñar protocolos en los sectores de educación y salud que faciliten la denuncia, confidencialidad y atención de estudiantes víctimas o testigos de actos de violencia sexual; c) “Incorporar en los materiales de enseñanza obligatoria escolar información adecuada, oportuna y según el nivel de madurez de las niñas y niños orientada a dotarles de herramientas para prevenir y denunciar situaciones de violencia sexual”; d) “Adoptar campañas educativas y de sensibilización en escuelas públicas y privadas orientadas a enfrentar los esquemas socioculturales que normalizan o trivializan la violencia sexual en este ámbito”.

Una de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de 2017 establece que “b) Establezca una política nacional para hacer frente a los embarazos en la adolescencia, entre otras formas dando acceso a información actualizada sobre los métodos de planificación familiar y afrontando y combatiendo la violencia sexual por razones de género, y colabore estrechamente con las organizaciones de mujeres y las de niños al objeto de recabar sus opiniones sobre mecanismos de prevención eficaces, que incluyan procedimientos de denuncia y alerta temprana en las situaciones de violencia y abusos sexuales por parte de padres, familiares o cuidadores;” lo que se vincula con diversas recomendaciones que comunican la preocupación del Comité sobre la falta de especialidad y especificidad del sistema de protección en temas de niñez y adolescencia. Por ello, es necesario avanzar con propuestas que además de establecer mecanismos prácticos de prevención del embarazo adolescente tomen en cuenta a actores del sistema de protección para fortalecer su rol y acción.

Asimismo, el proyecto estará en línea con objetivos y actividades de la PIPENA y de las recomendaciones de la fase demostrativa intersectorial que se realizó en el 2021 en el marco de la Estrategia Inter agencial de apoyo al Comité Nacional de la PIPENA Con estos antecedentes se requiere la contratación de una consultoría para el desarrollo de un Proyecto de Prevención y atención integral del embarazo en niñas y adolescentes con énfasis en menores de 14 años.

Objetivo

Elaborar un Proyecto de Prevención y atención integral del embarazo en niñas y adolescentes particularmente en menores de 14 años.

Actividades:

  1. Elaboración del Plan de Trabajo y metodología para la realización de la consultoría. La metodología deberá considerar levantar y validar información de fuentes primarias o secundarias de derechos (MSP, MINEDUC, MIES, SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS), así como del grupo de atención prioritaria al cual busca atender.
  2. Revisión de escritorio de experiencias nacionales e internacionales para la prevención y atención del embarazo en niñas y adolescentes, énfasis en niñas menores de 14 años.
  3. Mapeo de los territorios (cantones a ser definidos más adelante) donde se encuentran más afectados los indicadores de embarazo en adolescentes, por grupos etarios (10 a 14 años y 15 a 19 años), abandono escolar y violencia sexual. La revisión estadística para la territorialización se definirá en coordinación con UNFPA y UNICEF, acorde a la priorización realizada desde la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes
  4. Identificar barreras de acceso a servicios de educación, salud y protección.
  5. Desarrollar la Teoría del cambio sobre este tema: que incluya árboles de problemas y objetivos
  6. Elaboración de una propuesta de proyecto con un horizonte de 2 años, que incluya marco de resultados, actividades y presupuestos. Así como matriz de indicadores y evaluación.
  7. Señalar en los lugares geográficos identificados por el proyecto los flujogramas de

    atención planteado

  8. Reuniones de trabajo para la validación de la propuesta

Este documento debe considerar como elementos orientadores: 1) La relación del embarazo con el ejercicio de derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la integridad personal a a una vida libre de VBG o la vulneración de los mismos; 2) Se considerará como vulneración de derechos a la violencia sexual que da como resultado un embarazo

Dentro de los embarazos en la adolescencia, son de especial interés los ocurridos en menores de 14 años, el embarazo no planeado y el embarazo producto de violencia sexual. En menores de catorce años, la detección de un embarazo o cualquier evento obstétrico previo, debe generar para las instituciones competentes del Estado la responsabilidad de emprender acciones sectoriales e intersectoriales que garanticen la atención integral y el restablecimiento de derechos de niñas y adolescentes ante un posible delito sexual.

Para el desarrollo de este proyecto se considera la necesidad de generar mecanismos para la implementación de las rutas de atención integral a adolescentes embarazadas menores de 14 años en los territorios seleccionados, en salud, educación y protección; así como también para la prevención de la VBG-violencia sexual y el empoderamiento de las niñas y adolescentes

Productos esperados

Productos****Plazo de entrega ( estimado)****% PagoMarco Conceptual, Metodológico y Estructura del Documento

A los 5 días de la firma

del contrato.

20%Primer Borrador que contenga la teoría del cambio narrativo y árboles de problemas y soluciones

A los 15 días de la firma

del contrato

20%Documento final que recoge las observaciones de los equipos técnicos de

UNICEF y UNFPA; con los anexos correspondientes Teoría del cambio,

marco de resultados, indicadores, actividades, presupuesto, cronograma

A los 30 días de la firma

del contrato

60%

El equipo responsable de UNICEF y UNFPA realizarán el monitoreo y controles pertinentes a través de correos electrónicos, reuniones con la persona consultora y otras vías que se consideren necesarias.

Todos los pagos se realizarán previa aprobación de las entidades responsables: La supervisión estará a cargo del Representante Adjunto de UNICEF y de la Oficial de Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA

Perfil

  • Educación: Profesional con formación en ciencias sociales, salud, o afines
  • Experiencia: 5 años en el diseño y formulación de proyectos en salud sexual y salud reproductiva, niñez y adolescencia.
    • Experiencia comprobable del manejo del marco de derechos humanos y los enfoques de: género, intergeneracional, intercultural, interseccionalidad e inclusión.

Experiencia Específica:

  • Conocimiento y experiencia de 5 años en el diseño e implementación de procesos que garanticen el cumplimiento de los derechos sexuales, derechos reproductivos; salud sexual y reproductiva; prevención y atención a la Violencia Basada en Género, con énfasis en violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.
  • Conocimiento y experiencia de 3 años en la gestión del Modelo de Atención Integral en Salud y del Sistema de Protección para las personas víctimas/sobrevivientes de violencia sexual.
  • Conocimiento y experiencia en el diseño e implementación de procesos que garanticen el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
  • Conocimiento y experiencia para establecer estrategias de articulación intersectorial e interinstitucional a nivel estatal.

Otras competencias requeridas:

•Conocimiento del contexto sociopolítico y económico del país.

•Capacidad de redacción y de comunicación.

La pre selección se realizará de acuerdo a lo siguiente:

  • Perfil profesional y experiencia 70 %
  • Propuesta económica 30 %

Por favor incluir su fee diario en su propuesta económica para la consultoría.

Descargue los TDRs aquí TDRs-Consultoría ( Prevención embarazo).pdf

Esta convocatoria sólo está abierta para ciudadanos ecuatorianos o residentes con visa de trabajo y RUC vigentes (Personas naturales, NO Empresas). Sólo se convocarán a las personas que avancen en el proceso de selección.

Las personas contratadas bajo consultoría o contratista individual no se considerarán "miembros del personal" en virtud del Estatuto y Reglamento de las Naciones Unidas y de las políticas y procedimientos de UNICEF, y no tendrán derecho a las prestaciones previstas en el mismo (como los derechos de licencia y la cobertura de seguro médico). Sus condiciones de servicio se regirán por su contrato y las Condiciones Generales de Contratación para los Servicios de Consultores y Contratistas Individuales. Los consultores y contratistas individuales son responsables de determinar sus obligaciones fiscales y del pago de cualquier impuesto y/o derecho, de acuerdo con las leyes locales u otras leyes aplicables.

Added 4 days ago - Updated 16 minutes ago - Source: unicef.org