Consultoría: Fortalecimiento de los procesos de gestión para los temas de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Quito, Ecuador 4 meses

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Application deadline 2 years ago: Monday 14 Sep 2020 at 04:55 UTC

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Contract

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Antecedentes

Teniendo en cuenta la amenaza y vulneración de los derechos a la integridad física, sexual, psicológica y patrimonial de las niñas, niños, adolescentes y mujeres que denuncian violencia, el Código de la Niñez y Adolescencia (en adelante CONA), el Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP) y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante LOIPEVCM) establecen la posibilidad de emitir medidas de protección, cuya solicitud, otorgamiento, notificación y vigilancia al cumplimiento, requieren de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional que observe los estándares de derechos humanos, la normativa nacional e internacional.

El CONA define a las medidas de protección como medidas especiales que el Estado adopta para asegurar el derecho a la protección especial de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones específicas de desprotección. Las medidas se adoptan mediante resolución, sea esta judicial (jueces competentes) o administrativa (Junta Cantonal de Protección de Derechos)

El COIP prevé mecanismos de prevención y protección de los derechos de las víctimas de infracciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y enumera medidas de protección a ser otorgadas y ejecutadas a su favor.

La LOIPEVCM otorga la potestad a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, a los Tenientes Políticos, a Comisarios Nacionales e Intendentes de Policía de otorgar medidas de protección administrativas a favor de las víctimas de violencia, sin necesidad de interponer una denuncia y el patrocinio de un abogado, para que éstas sean ratificadas, modificadas o revocadas por la autoridad judicial competente.

Atendiendo a los mandatos Constitucionales y a la normativa especializada, el Consejo de la Judicatura en el Plan Estratégico 2019 – 2025 se comprometió con la lucha contra la violencia o cualquier forma de discriminación, estableciendo como su cuarto eje de acción: “El fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres”.

Uno de los procesos prioritarios de implementación para lograr el cuarto eje de acción es el fortalecimiento e implementación de un procedimiento ágil, oportuno y eficiente para el otorgamiento de medidas de protección a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, para lograrlo, el Consejo de la Judicatura, considera que es fundamental emprender, concretar y sostener acciones de coordinación y complementariedad entre las instituciones intervinientes en el proceso de solicitud, otorgamiento y notificación de las medidas de protección.

Por lo tanto, desde el Consejo de la Judicatura se propone crear mecanismos de articulación interinstitucional sólidos que permitan, entre otros temas, establecer líneas de trabajo conjunto, directrices, flujos de comunicación y demás acciones que den fluidez a los procedimientos de solicitud, otorgamiento, revisión jurisdiccional y notificación de las medidas de protección en favor de las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual. Una de las acciones que ha llevado adelante el Consejo de la Judicatura es el diseño e implementación de un mecanismo tecnológico para automatizar el procedimiento para el otorgamiento de las medidas de protección penales y administrativas modificando el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), creando en el módulo de sorteos externos una funcionalidad específica en el ingreso de solicitudes para el otorgamiento y revisión de medidas de protección, en el que interactúan fiscales, tenientes políticos y miembros de las juntas cantonales de protección de derechos con los judicaturas competentes para la revisión de dichas medidas. De esta manera, la herramienta tecnológica optimiza los procesos para las instancias administrativas, judiciales y fundamentalmente para las víctimas.

Objetivo general

Brindar apoyo técnico especializado para gestionar los procesos de articulación interinstitucional con las instancias competentes para implementar la automatización de medidas de protección a favor de las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual.

Objetivos específicos

1. Diseñar un mapa de actores clave en los distintos niveles de competencia institucional en el que se identifique la estructura de interacción y los procesos de articulación para establecer las líneas de trabajo, directrices, flujos de comunicación y acuerdos sobre los procedimientos de solicitud, otorgamiento, revisión jurisdiccional y notificación de las medidas de protección en favor de las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual.

2. Brindar asistencia técnica a las áreas del Consejo de la Judicatura para coordinar las distintas acciones de articulación interinstitucional y puesta en funcionamiento del módulo externo SATJE-medidas de Protección, con las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Comisarías Nacionales e Intendencias de Policía de al menos 5 provincias.

3. Diseñar los contenidos para un programa de capacitación dirigido a los miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Comisarías Nacionales e Intendencias de Policía para fortalecer sus capacidades y conocimientos sobre la importancia del otorgamiento de medidas de protección, sobre el procedimiento administrativo y su relación con el proceso judicial y la garantía de la protección de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual.

Alcance del trabajo y metodología

La asistencia técnica para la gestión de articulación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y las instituciones rectoras de las Tenencias Políticas y Juntas Cantonales de Protección de Derechos se realizará durante 4 meses.

Las principales actividades que deberá realizar la persona contratada son:

 Levantar información sobre los distintos actores y niveles de competencia para diseñar un mapa de actores clave con el objetivo de identificar la estructura de interacción y los procesos de articulación relacionados a los procedimientos de solicitud, otorgamiento, revisión jurisdiccional y notificación de las medidas de protección.  Definir en coordinación con el Consejo de la Judicatura y las entidades emisoras de medidas de protección las líneas de trabajo, directrices, flujos de comunicación, acuerdos, rutas, cronogramas u otros instrumentos que permitan implementar los mecanismos de articulación y la implementación del módulo externo del SATJE-medidas de protección.  Participar activamente en los espacios de diálogo, planeación, y construcción de los mecanismos y estrategias de coordinación interinstitucional e implementación del módulo externo del SATJE-Medidas de protección.  Realizar en coordinación con la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura todos los procesos de coordinación con las tenencias políticas y juntas cantonales de protección de derechos de al menos 5 provincias para la implementación del módulo externo del SATJE-Medidas de protección.  Identificar las barreras institucionales que se presentan en tenencias políticas y juntas cantonales de protección de derechos para la implementación del módulo externo del SATJE-Medidas de protección y plantear algunas soluciones que permitan gestionar el proceso de solicitud, otorgamiento y notificación de medidas de protección.  Diseñar en coordinación con la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura los contenidos para un programa de capacitación dirigido a los miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Comisarías Nacionales e Intendencias de Policía para fortalecer sus capacidades y conocimientos sobre la importancia del otorgamiento de medidas de protección, sobre el procedimiento administrativo y su relación con el proceso judicial, la garantía de la protección de derechos u otros temas que se identifiquen a lo largo del trabajo con dichas entidades.  Procesar información y presentar reportes sobre la implementación y utilización del módulo de medidas de protección.

Metodología de trabajo

La contratación de un experto en sistemas de protección de derechos para la gestión de articulación institucional tiene como objetivo prestar asistencia técnica a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura por lo tanto lo deseable es que el trabajo se realice en estrecha coordinación e integración con el equipo de trabajo de la Dirección.

Sobre la metodología de gestión y de los procesos de articulación se deja a consideración del experto los diferentes métodos participativos y de relación interinstitucional, así como la aplicación de herramientas metodológicas para la realización de las actividades previstas y la obtención de los productos, los cuales deben construirse con enfoque de derechos humanos, género e intergeneracional y que incluyan las particularidades y prioridades identificadas por las entidades y actores que intervengan en el proceso.

El Consejo de la Judicatura facilitará al experto todos los documentos, instrumentos e insumos con los que cuenta hasta la fecha.

Productos a ser entregados

Para el cumplimiento de los objetivos se generarán los siguientes productos:

1. Acercamiento Metodológico para llevar a cabo los procesos de articulación interinstitucional en los niveles nacional (entidades rectoras) y nivel territorial (propuesta de intervención a nivel provincial/cantonal).

2. Mapa de actores que contenga:

 Información sobre los distintos actores y niveles de competencia con el objetivo de identificar la estructura de interacción y los procesos de articulación relacionados a los procedimientos de solicitud, otorgamiento, revisión jurisdiccional y notificación de las medidas de protección.  Análisis de las relaciones de cooperación, alianzas, conflicto o falta de relaciones entre las instituciones para establecer los mecanismos de articulación y cooperación relacionados a los procedimientos de solicitud, otorgamiento, revisión jurisdiccional y notificación de las medidas de protección.

El acercamiento metodológico y mapa de actores se entregará a los 15 días después de la firma del contrato.

3. Propuesta de implementación de líneas de trabajo, directrices, flujos de comunicación, acuerdos, rutas, cronogramas u otros instrumentos que permitan implementar los mecanismos de articulación y la implementación del módulo externo del SATJE-medidas de protección en por lo menos 5 provincias del país.

4. Contenidos del programa de capacitación dirigido a los miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Comisarías Nacionales e Intendencias de Policía para fortalecer sus capacidades y conocimientos sobre la importancia del otorgamiento de medidas de protección, sobre el procedimiento administrativo y su relación con el proceso judicial, la garantía de la protección de derechos u otros temas que se identifiquen a lo largo de la intervención.

Propuesta de implementación y los contenidos del programa de capacitación se entregarán a los 60 días después del inicio de la consultoría.

5. Reportes mensuales que contengan Información cuantificada sobre acciones realizadas para la implementación que den cuenta del estado de situación; y, reportes de sitios implementados y sistematización de medidas otorgadas.

6. Informe final en el que se deberá incluir el desarrollo del proceso de articulación interinstitucional con la identificación y análisis del grado de articulación, coordinación obtenido; la identificación de barreras institucionales para la implementación del módulo externo del SATJE-Medidas de protección y el planteamiento de soluciones que permitan gestionar el proceso de solicitud, otorgamiento y notificación de medidas de protección; propuesta de un mecanismos de comunicación y coordinación interna y externa para dar sostenibilidad a los procesos de implementación del módulo externo del SATJE-Medidas de protección u otros mecanismos que den fluidez al procedimiento. El informe final se presentará al finalizar la consultoría

Calendario de pagos

20% del monto total al iniciar la consultoría con la presentación del producto 1 y 2 mencionados anteriormente, a los 15 días de la firma del contrato.

20% con la entrega y aprobación de los productos 3 y 4, a los 60 días de la firma del contrato.

20% con la entrega del producto 5 al final de cada mes.

40% con la aceptación del informe final producto 6 al finalizar la consultoría.

Perfil requerido

La convocatoria está abierta a consultores individuales que cumplan con el siguiente perfil:

Formación Académica:

  • Profesional del área de Ciencias Sociales o afines. De preferencia, con título de cuarto nivel, especializado/a en derechos humanos.

Experiencia profesional:

  • Experiencia mínima de 2 años en trabajo de creación de espacios participativos, de diálogo multisectorial y coordinación institucional, local o comunitaria.
  • Experiencia de al menos 1 año en proyectos en promoción y protección de derechos de niñas, niños, adolescentes o mujeres.
  • Habilidades demostrables para coordinación y negociación de trabajo en ambientes interinstitucionales que suponen las interacciones de contrapartes de nivel nacional, local y varios actores públicos

Criterios de evaluación

El proceso de selección se llevará a cabo a través de la revisión de la propuesta técnica y económica.

La propuesta técnica será calificada de la siguiente manera:

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Criterios de Evaluación Técnica

Puntaje

Máximo

1

Propuesta técnica - plan de trabajo

20

2

Hoja de vida

30

3

Experiencia proyectos de gestión y coordinación de proyectos sociales.

20

Puntaje Máximo

70

El puntaje mínimo que debe alcanzar esta parte de la calificación, para que se proceda a evaluar la propuesta económica es de 50 puntos. La propuesta económica tendrá un puntaje de 30 puntos, misma que deberá ser presentada en un desglose por producto y la totalización del proyecto.

Esta convocatoria sólo está abierta para ciudadanos ecuatorianos o residentes con visa de trabajo y RUC vigentes (Personas naturales, NO Empresas). No se considerarán las aplicaciones que no presenten una propuesta técnica y económica completas. Sólo se convocarán a las personas que avancen en el proceso de selección.

Added 2 years ago - Updated 11 months ago - Source: unicef.org